FINE responsabiliza a la banca de la desertización financiera en la España vaciada

 

 

Ávila, 18 de noviembre de 2019.- El II Estudio Empleo Postcrisis en la Banca Española, elaborado por Federación FINE concluye que los bancos cierran oficinas para poder despedir empleados de manera masiva, generando una auténtica desertización financiera sobre todo en los núcleos rurales y contribuyendo, por tanto, a la España vaciada.

 

El presidente de Federación FINE, Luis José Rodríguez Alfayate, subraya que “el  proceso de concentración bancaria con el único objetivo de aumentar rentabilidad a costa de despedir trabajadores está generando una auténtica desertización bancaria, primer paso de la exclusión financiera y de la España vaciada”.

 

“La banca está utilizando el cierre de oficinas para justificar el despido de personal. Cuatro de cada diez oficinas que se cerraron en la UE lo hicieron en España. Estos cierres masivos de oficinas están teniendo consecuencias muy perjudiciales para la clientela de las entidades, pero también tremendas desde el punto de vista sociológico”, apunta Rodríguez Alfayate.

 

“Mientras instituciones nacionales y europeas tratan de combatir el desarraigo en las pequeñas poblaciones, la banca española ha dejado a 4.194 municipios españoles (51,6%) y a una población de 1,3 millones de españoles (2,8%) sin oficina bancaria”, incide. Para el presidente FINE “es claro que esta desertización bancaria está contribuyendo de forma decisiva a la llamada exclusión financiera y la ‘España vaciada”.

 

El autor del estudio José Manuel García Diego recalca que el objetivo del informe es “saber qué se esconde, objetivamente hablando, tras una destrucción tan masiva de empleo, que ha supuesto la eliminación de uno de cada tres puestos de trabajo en el sector financiero”. La primera respuesta es que “la banca española ha hecho recaer en la plantilla la caída de márgenes y la contracción del negocio que se ha autoimpuesto, con el único objetivo de garantizar que la rentabilidad de sus inversores sea la mayor de la banca europea”.

 

Las cinco principales entidades financieras españolas controlan el 68,5% de los activos. Esta concentración bancaria se sitúa muy por encima de la cuota de la banca en las principales potencias europeas (45% por encima en Francia, siguiente en importancia, y un 135% por encima de Alemania, donde sigue habiendo cajas de ahorros). Pero es que “además, 30 provincias españolas se sitúan por encima de ese 68,5%, dentro de lo que en la UE se consideran oligopolios”, apostilla José Manuel García Diego, autor del estudio.

 

“Coincidiendo con los despidos masivos en la banca, nos encontramos con la proliferación de agentes financieros que operan como autónomos al frente de agencias bancarias que eran sucursales ordinarias, a cargo de trabajadores del banco hasta hace muy poco. Los agentes financieros se están utilizando para sustituir el empleo eliminado“, lamenta el presidente de FINE.

 

 

Castilla y León es la Comunidad Autónoma más afectada por la exclusión financiera. “En dicha comunidad no dispone de banco el 79,1% de sus municipios con más del 15% de la población. Además, es la región donde existen más municipios (188) con una sola oficina bancaria. En Castilla y León podemos hablar, por tanto, no sólo de exclusión sino de auténtica desertización financiera’, argumenta Luis José Rodríguez Alfayate.

 

El cierre de oficinas ha afectado a todas las Comunidades en mayor o menor porcentaje. Como recoge el estudio, en Castilla y León no dispone de oficina el 79,1% de municipios, en Aragón el 57,2% de municipios no cuenta con sucursales bancarias, Navarra (54%), Castilla La Mancha (52,1%), La Rioja (51,7%), Cataluña (50,7%), Comunidad Valenciana (44,8%), Extremadura (39,2%), País Vasco (38,6%), Cantabria (38,2%), Comunidad de Madrid (37,4%), Andalucía (18,5%),  Galicia (13,4%), Asturias (12,8%), Región de Murcia (8,9%), Islas Baleares (4,5%) e Islas Canarias (1,1%).

 

La exclusión financiera no se queda solo en la desaparición de oficinas, sino también en la dificultad de acceso a los servicios bancarios, ya que la mayoría de la población española (64%) no es usuaria de banca digital. “Además, los que sí la utilizan viven en capitales o grandes ciudades, pero no en entornos rurales con limitaciones para acceder a internet y con población más envejecida, lo que supone una clara discriminación hacia la España vaciada”, apunta José Manuel García Diego.

Es la organización sindical independiente más grande del sistema financiero español. Agrupa a más de 30.000 afiliados de una veintena de sindicatos independientes con un único fin: la defensa de las plantillas del sector, sin dependencia de intereses políticos, económicos, ideológicos o de cualquier otra índole.

 

 

 

 

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