Alberto Aza, portavoz de la CECA: «El impuesto a la banca choca con los principios constitucionales»
No duda de que la banca está en continuo cambio, de que la incertidumbre financiera nunca cesa y de que las entidades siguen teniendo su asignatura pendiente en saber comunicar su valor social. Alberto Aza, portavoz de la patronal que agrupa a las antiguas cajas, defiende la empresa privada y sus beneficios, y tiene claro que el «impuestazo» es anticonstitucional, incongruente y distorsionador.
Con las últimas turbulencias financieras, ¿hay miedo a una nueva crisis de la banca como la de 2008?
Los focos de inestabilidad que hemos visto en EE UU y en Credit Suisse no son extrapolables al resto de la banca europea y menos a la banca española por la extraordinaria regulación que se impone desde el BCE. Nuestros bancos son solventes, sin problemas de liquidez, que han aumentado su rentabilidad y que están preparados para afrontar con tranquilidad este tipo de turbulencias.
Es una crisis que en EE UU afecta a pequeñas y medianas entidades, ¿puede provocar una nueva concentración bancaria y que esta banca mediana ya no tenga sitio en el mercado?
El mercado americano nada tiene que ver con el europeo, tanto por la estructura de las entidades como por el modelo de negocio. El europeo es un negocio un equilibrado, diversificado y una estructura de balances muy saneada. No es comparable.
¿Puede contagiarse la crisis de Credit Suisse a la banca española?
No. La banca española está en un estado de solidez financiera envidiable, que supera con creces los mínimos legales de solvencia, algo fundamental para afrontar cual tipo de turbulencias.
¿Queda descartada del todo una crisis como la de 2008?
Son dos contextos completamente diferentes. La de 2008 fue una crisis provocada por el sector inmobiliario, que derrumbó el empleo, provocó miles de cierres de empresas y desembocó todo en una recesión que, en estos momentos, son consecuencias que no se van a producir, en un escenario macroeconómico mucho más resiliente y con mejores perspectivas de las previstas.
Las empresas que tienen grandes beneficios, ¿deben arrimar el hombro como pide el Gobierno en tiempos de crisis?
Yo contestaría al Gobierno con otras preguntas: ¿No creen que es arrimar el hombro que la banca española sea la que más impuestos paga de la banca europea? ¿No creen que arrimamos el hombro cuando la contribución fiscal el año pasado fue del 50%, que de cada 100 euros de beneficio pagamos 50? ¿Saben que las entidades de CECA llevan 200 años acompañando a las familias más vulnerables a través de la Obra Social y que somos el mayor inversor social privado? ¿No creen que arrimamos el hombro durante la pandemia cuando pusimos en marca el mayor plan financiero de la historia bancaria española? ¿O cuando hemos puesto en marcha el primer plan de choque para paliar la brecha digital de los mayores? ¿Y que hayamos puesto en marcha una hoja de ruta para lograr servicios financieros en la mayoría de municipios españoles? Y podría seguir, pero me temo que no tendríamos espacio en esta entrevista.
¿Entonces por qué cree que les señalan con el dedo como si fueran los malos de la película?
Hay una tendencia en el imaginario colectiva de nuestro país a estigmatizar los beneficios de las grandes corporaciones, y especialmente los de la banca, lo que no deja de ser paradógico, porque en otros países es motivo de orgullo y aquí parece todo lo contrario. Los beneficios de la banca no solo son deseables sino necesarios, porque hay una relación directa entre sus resultados y su contribución social.
¿Cree que el Gobierno ha lanzado una campaña de descrédito contra los empresarios bancarios a los que acusa de forrarse a costa de la crisis?
La interlocución con el Gobierno es constante y fluida, pero es verdad que el impuesto a la banca ha causado cierto distanciamiento.
Entonces, ¿el impuesto extraordinario a la banca es un ataque o un error?
Nuestro rechazo a ese impuesto en total porque es un impuesto improcedente, que choca claramente con los principios constitucionales y con el derecho comunitario. Es también un impuesto contraproducente, porque va a provocar una contracción del PIB y una destrucción de empleo, hasta 70.000 puestos de trabajo hemos contabilizado en varios estudios. Y es un impuesto incongruente porque en lugar de gravar beneficios, que es lo que supuestamente pretende, lo que grava son los ingresos, sin tener en cuenta los gastos de explotación, por tanto no es proporcional a la rentabilidad de las entidades. Y, por último, es un impuesto distorsionador, porque no existe en ningún país de nuestro entorno, lo que supone un agravio fiscal y competitivo para las entidades españolas.